Sus alegaciones contra el Centro Ambiental de la Mancomunidad las hizo el Jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, desde su ordenador oficial y en horas de trabajo

EH Bildu exige cesar a este alto cargo y al concejal de Urbanismo, ambos implicados en el caso, y reclama a Maya abrir una investigación formal ante la sospecha de que hay más

“Navarra Suma y UPN han usado a un cargo como es el responsable de los Servicios jurídicos del Ayuntamiento, cuya figura está sujeta a la exigencia de imparcialidad, independencia y lealtad institucional, para hacer informes para esa coalición en horario de trabajo y mientras cobraba del presupuesto municipal”. Con esta frase resumía Joseba Asiron, portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, la esencia de este nuevo escándalo que salpica la gestión de Enrique Maya. Según un peritaje informático encargado desde la formación soberanista, para la elaboración de ese informe, Gonzalo Pérez Remondegui, Jefe de los Servicios Jurídicos municipales, empleó 30 horas (entre el 21 y el 28 de marzo) desde su ordenador oficial y en horario laboral. “Se trataba nada más y nada menos que las alegaciones que Na+ presentó contra el proyecto de Centro Ambiental de la Comarca impulsado por la Mancomunidad”, ha explicado Asiron. Pero es que “hay más; quien presumiblemente encargó ese informe fue Juan José Echeverria, concejal de Urbanismo, el mismo que finalmente lo firmó el antes de presentarlo el pasado 30 de marzo en la Mancomunidad”. Ante la constatación de estos hechos, que suponen un “uso irregular gravísimo de recursos públicos clave”, el portavoz de EH Bildu ha reclamado el cese inmediato tanto de Echeverría como de Pérez Remondegui.

Pero no es lo único que reclama la formación soberanista. Ante la sospecha de que existen más trabajos de este tipo, EH Bildu ha exigido la creación de una comisión informativa específica que, entre otras tareas, escuche la versión de los implicados y analice los documentos que se han redactado desde el ordenador del Jefe de los Servicios Jurídicos. “Creemos que no ha sido la primera vez”, explicaba Asiron, que recordaba que “no estamos hablando de un puesto de libre designación cualquiera, hablamos de un puesto sujeto a una limitación muy importante tan solo reservada a unos pocos cargos clave como el secretario municipal, el letrado de la Junta de Gobierno o el responsable de la oficina de presupuestos: todos deben ser funcionarios. ¿por qué? porque están obligados a los deberes del código ético y, en especial, a los de imparcialidad, independencia y lealtad institucional”. Recordaba además el portavoz abertzale que “por ello, el sueldo asignado a esta jefatura es uno de los más altos de la institución”. “Es obvio que elaborar informes para un grupo político y hacerlo además para que los presente como propios en otra institución vulnera claramente las atribuciones del cargo por el que cobra ese sueldo”, concluía.

En el caso del titular de Urbanismo, Juan José Echeverría, Asiron ha sido contundente: “También es obvio que un concejal debería distinguir entre la institución y el partido, y no aprovecharse de su condición para, según se deduce, encargar un informe a un cargo del Ayuntamiento al que pagamos entre todos y todas y que está sujeto a las especificaciones descritas. Hacerlo ya es de por sí punible, pero hacerlo para firmar el documento como si fuera propio, demuestra además un afán encubridor que le delata”.

Explicaciones urgentes de Maya

Pero, además de los ceses y la apertura de la citada comisión informativa, EH Bildu exige que el alcalde, Enrique Maya, de una “explicación urgente sobre si conocía o no, y por tanto si ha permitido o no, estas prácticas”. “De conocerlas, es obvio que su dimisión ha de ser tan fulminante como las otras”, sostenía Joseba Asiron.

“Resulta muy difícil creer que el alcalde no esté al tanto de este tipo de prácticas irregulares cuando llevamos tres años denunciándolas”, reflexionaba el portavoz abertzale. Asiron recordaba otros casos como el de “las dietas de Comiruña, la grúa de Labairu, los contratos de Coworkids, los tratos de favor con la Hípica o los contratos al despacho de Caballero constatan que las prácticas del Régimen de Barcina las ha heredado Maya y que la derecha sigue entendiendo las instituciones como si fueran su cortijo particular”.

Asiron ha explicado también cuál es el origen de esta investigación: “Nos llegó el documento con la propuesta. En los metadatos de ese documento, es en los que aparece Pérez Remondegui como el autor del mismo, pese a que quien lo firmaba era Echeverria. A partir de ese documento hemos podido tirar del hilo y contratar este peritaje cuya petición la formalizó nuestro portavoz en aquella institución, Aritz Ayesa”. “El resultado nos dejó estupefactos y por eso comparecemos hoy aquí y, para ratificar la veracidad de este relato, os ofrecemos a los medios que así lo deseéis consultar toda la documentación aquí presentada”, ofertaba el portavoz soberanista.

El mismo cargo que dio a dedo tres contratos al despacho del hermano de Caballero

 “Con Pérez Remondegui, llueve sobre mojado y lo hace de forma sangrante”, reflexionaba Asiron. “Recordaré que hablamos de la misma persona que, como responsable de los servicios jurídicos municipales, decidió externalizar tres contratos de asesoramiento del Ayuntamiento para otorgarlos, a dedo y sin pedir más ofertas, al despacho del hermano de la concejala de Na+ María Caballero”, explicaba. “Y justificó esta irregularidad argumentando que el servicio que dirige no contaba con recursos humanos suficientes”, añadía. “En otras palabras; ante la falta de personal él, en vez de dedicarse a hacer esos informes, se dedica a actuar como asesor de Na+ mientras externaliza encargos que a él le corresponderían para darlos a dedo al despacho del hermano de una concejala”, resumía.

“Pero es que, además, hay que recordar que Pérez Remondegui es, en realidad, letrado funcionario de la Mancomunidad, es decir, se habría aprovechado del conocimiento que como trabajador tiene de esa institución para asesorar jurídicamente al partido que le encumbra en este Ayuntamiento pero que allí está en la oposición y lo hace, de nuevo, saltándose la obligación de imparcialidad, independencia y lealtad institucional”, concluía Asiron.