El Grupo Parlamentario de EH Bildu Nafarroa ha registrado una moción en la que plantea una propuesta de resolución mediante la cual “el Parlamento de Navarra reafirma su compromiso inequívoco con el derecho a la sanidad pública, gratuita y universal para todas las personas independientemente de su situación administrativa y manifiesta su voluntad de seguir impulsando medidas para hacerla efectiva”.

Asimismo, “insta al Gobierno de Navarra a dictar las instrucciones necesarias para agilizar y garantizar la atención sanitaria universal de manera efectiva y dejar de emitir facturas a personas en situación administrativa irregular u otras situaciones de vulnerabilidad, al objeto de evitar el efecto disuasorio”. Del mismo modo, “insta al Gobierno de España a hacer efectiva la supuesta y pretendida universalidad del acceso a la atención sanitaria, subsanando las lagunas que contiene Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud”.

En la moción se recuerda que el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra. Dicha ley foral fue recurrida y anulada por el Tribunal Constitucional. El Gobierno del PSOE aprobó posteriormente el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, en el que se enuncia el “reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos”.

Sin embargo, la parlamentaria foral Bakartxo Ruiz, firmante de la moción, ha denunciado que “después de un año, persisten los problemas para garantizar el acceso universal a la sanidad tal como atestiguan diversas entidades sociales y profesionales sanitarios y el acceso universal no existe”. Por ello, Ruiz considera que “es urgente que en Navarra se adopten las medidas efectivas para que el acceso a la atención sanitaria sea universal de una vez por todas y facilitarlo mediante la  modificación del Real Decreto, puesto que por ley se trata de una competencia estatal”.

En esta línea, ha señalado “la necesidad de que sea Navarra quien decida a quién y en qué condiciones se le presta la atención sanitaria, y más en un contexto en el que por parte del Estado nos llegan una legislación y unas decisiones judiciales mucho más restrictivas”. Ha añadido que “desgraciadamente, esta situación vuelve a dejar en evidencia que la voluntad de la mayoría social y política de Navarra están supeditadas a las decisiones del ámbito estatal, en este caso en perjuicio de las personas en situación de mayor vulnerabilidad”.