Los encargos suman 11.000 € y fueron “para defender decisiones de Navarra Suma en temas con una fuerte carga política”

El Ayuntamiento de Pamplona, a través de la dirección de los servicios jurídicos, contrató hasta en tres ocasiones los servicios del despacho de abogados de un hermano de María Caballero, segunda teniente de alcalde, sin que se justificara en ninguno de los casos la necesidad de externalizar el encargo y sin que conste que se pidieran más ofertas. Así se desprende de los expedientes a los que ha tenido acceso EH Bildu que revelan como único argumento a favor del bufete una supuesta “especialización”. “Lo curioso es que trata de tres materias completamente diferentes, cuyo único denominador común parece ser la defensa de decisiones de carácter político de Navarra Suma”, explicaba hoy en rueda de prensa Joseba Asiron, portavoz de la formación soberanista.

Los contratos se encargaron entre febrero de 2020 y octubre de 2021 y, conjuntamente, suman algo más de 11.000 euros. Tienen en común sólo tres cosas, según ha revelado Asiron: “En todos se externaliza un servicio jurídico ordinario que podría haberse llevado adelante desde la propia asesoría jurídica municipal; en los tres casos se trata de temas con una fuerte carga política, donde lo que se defiende, más que los intereses del Ayuntamiento, son decisiones de Navarra suma y, finalmente, se contrata a dedo al despacho de Caballero argumentando una supuesta especialización, cuando se trata de tres materias completamente diferentes”.

Dietas de Comiruña, plazas en Juventud e Igualdad y la Secretaría de Pleno

El primero de estos contratos se firmó en febrero de 2020 para afrontar el procedimiento por el cobro de dietas en Comiruña. Se contrató a este despacho en nombre de la empresa pública municipal para que los y las consejeras, todos cargos de libre designación de Na+, no devolvieran las dietas. “Se acordó el pago de 3.675 euros y no consta solicitud de ningún otro presupuesto”, explicaba el portavoz abertzale.

El segundo contrato se firmó en octubre de 2020 para afrontar el contencioso abierto por la paralización del procedimiento público para la Convocatoria de Secretario del Pleno. “Se pagaron 2.450 euros y tampoco se solicitó ningún otro presupuesto”, apuntaba Asiron. El último, fechado en octubre de 2021, se firmó para encarar la denuncia de los y las afectadas por la revocación de procesos de selección de dos Técnico/as de Juventud y otras 2 de Igualdad. “El equipo de Maya contrató por 4.900 euros a este despacho, de nuevo, sin solicitar ningún otro presupuesto y sin justificar por qué el tema no lo llevaban los servicios jurídicos municipales”, exponía el portavoz abertzale.

“Quien gestiona fondos públicos debe desterrar el clientelismo”

“Más allá de si esta forma de proceder supone o no una ilegalidad, lo que sí es exigible en política es que quien gestiona el destino de fondos públicos lo haga de una forma absolutamente ejemplar y escrupulosa para desterrar el clientelismo y evitar las sospechas de trato de favor”, apuntaba Asiron. “Es evidente que en este caso no se ha hecho, pero no sólo en este caso; todas y todos recordamos la vinculación de Maya con las dietas de la CAN, pero, desgraciadamente, esa forma de gestionar se está repitiendo esta legislatura”, concluía el portavoz soberanista.

Ha sido la concejala Maider Beloki, la encargada de contextualizar este caso con los que le han precedido, que ha repasado cronológicamente y con un titular:

• Julio de 2019. “El alcalde se sube el sueldo”
• Octubre de 2019. “Vuelven las dietas”
• Mayo de 2020. “Una hija y un festival”
• Noviembre de 2020. “Afines al frente de coworkids”.
• Junio de 2021. “La grúa no es para labairu”.
• Agosto de 2021. “Las mentiras de la hípica”.

“Todos estos casos, a los que se suma el que hoy denunciamos, se pueden consultar en las hemerotecas e ilustran perfectamente y para desgracia de todas y todos, el retrato de esta legislatura que no pasará a la historia precisamente como un ejemplo de virtudes éticas y políticas”, concluía Beloki.