Ante las acusaciones vertidas por Navarra Suma, EH Bildu quiere manifestar que el proyecto de acceso a contenedores con tarjeta se lleva trabajando en la Mancomunidad desde hace más de dos años. En concreto se han realizado hasta más de 30 actos relacionados con este asunto, tales como acuerdos, informes, reuniones informativas…

Esta licitación fue aprobada por el consejo del pasado 3 de septiembre basándose para ello en un informe jurídico, otro técnico y otro que analizaba la situación generada con el tratamiento de los datos. Previamente, el 2 de julio, se había aprobado la extensión del sistema a la vista de los resultados obtenidos en las zonas de la prueba piloto.

Se aprobó una licitación para iniciar el concurso de compra de cerraduras por un valor menor a 2 millones de euros para cubrir una primera fase. La siguiente fase establecería otra nueva licitación para desarrollar todo el sistema plenamente. Por lo tanto, no estamos hablando de un contrato de 7,4 millones de euros. El letrado de la MCP entiende que no está suficientemente motivado en el informe técnico el tema de los plazos de calendario; por lo tanto, establece que todo debería ser un único contrato.

Según palabras textuales, “en relación con esta cuestión, no se puede indicar a priori si el fraccionamiento ha sido o no fraudulento. Lo único que se puede analizar es si la justificación del mismo está motivada”. Es evidente que estamos ante interpretaciones distintas a nivel jurídico.

En su momento dijimos que la modificación de la ordenanza la deberíamos llevar en paralelo a esta licitación. No se preveía aprobar y adjudicar el contrato, que es entonces cuando se generan derechos a los licitantes, antes de modificar la ordenanza. Cuestión que este mismo jueves 19 va a abordar la asamblea de MCP.

Este asunto es urgente, justificado en innumerables informes y necesita, junto con otros temas incluidos en el plan integral de residuos, que se acometan cuanto antes. 

Por lo tanto, hablamos de una cuestión que no tiene ningún perjuicio económico para la entidad, una cuestión que ha sido informada y debatida en numerosas ocasiones en estos últimos dos años y que es necesaria para avanzar en cumplir objetivos que nos marca la ley de residuos.