Ante la aprobación el pasado día 6 de julio del Real Decreto-ley 14/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el Grupo Parlamentario de EH Bildu ha solicitado la comparecencia del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ya que según manifiesta el parlamentario Adolfo Araiz “este Decreto-ley constituye un nuevo intento recentralizador por parte del Estado y otro ataque a las competencias históricas de Navarra en materia del régimen de los funcionarios”.

El parlamentario considera que “en el contenido normativo del Decreto-ley no hay ninguna referencia esas competencias históricas, ni establece una cláusula de salvaguarda de las mismas, pese a que Navarra es la única comunidad de todo el Estado que tiene una norma propia y diferenciada en materia de régimen del personal, en concreto, el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.”

“Nuevamente, Navarra ha quedado relegada a ser una Comunidad Autónoma mas, pretendiéndose laminar su capacidad de regular en una materia que, históricamente, ha sido de su competencia” ha indicado Araiz. “Queremos saber qué propuestas hizo el Gobierno de Navarra en la Conferencia Sectorial de Administración Pública y si en las mismas defendía sus competencias. Nos tememos que el Gobierno Foral se haya limitado a hacer seguidismo de lo que ha marcado el Gobierno de Pedro Sánchez, sin haber tenido capacidad de plantarse ante este nuevo atropello al autogobierno de Navarra”.

Este Decreto-Ley vino precedido en su víspera por un acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, en el que, según Araiz, “se apoyaba esa visión centralista y uniformizadora”, por lo que el parlamentario ha expresado que “el Gobierno de Navarra deberá de tener en cuenta que la realidad sindical en la administración foral es muy distinta a la española, y tendría que ser capaz de articular una normativa sobre esta materia que tenga en cuenta dicha realidad.”

Asimismo, desde EH Bildu han solicitado también la comparecencia del Consejero de Cohesión Territorial, que se justifica, según el parlamentario, porque “de acuerdo con la normativa propia de Navarra hay una regulación específica para cubrir las vacantes de puestos de secretaría en los ayuntamientos que tampoco ha sido tenida en cuenta a la hora de aprobar este Decreto-ley y podría resultar incompatible con el contenido de éste. Navarra desde 1841 mantuvo una normativa propia en materia de personal municipal que puede verse recortada por una decisión unilateral del Estado.”

Finalmente, Araiz recuerda, sobre el contenido de la propuesta para acabar con la temporalidad, que “teniendo en cuenta que no se quiere eliminar la tasa de reposición impuesta a Navarra, un auténtico problema que ha generado el actual nivel de temporalidad en las administraciones, y dada la redacción literal del Decreto-ley sobre los procesos de estabilización en nuestra Comunidad, el efecto reductor sobre esa temporalidad va a volver a ser muy limitado, ya que en Madrid se olvidan del contenido de la regulación propia de Navarra en materia de personal, lo que impide que se ese tipo de procesos tengan efectividad, tal como ha sucedido desde que se aprobaran e incluyeran en los presupuestos generales del Estado en 2017 y años sucesivos.”